El resultado de las elecciones del pasado domingo 2 de julio del 2000, dieron lugar a que el electorado eligiera al candidato de la Alianza por el Cambio con cerca del 43% de los votos efectivos, significando el 27% de los electores inscritos en la lista nominal; lo que implica haber sido elegido con la mayoría relativa de los votos pero por una minoría de los electores.

Es importante destacar que todos los candidatos basaron sus propuestas en ofertas de cambio, no obstante, la enarbolada por la Alianza, en base a una estrategia de mercadotecnia apropiada desarrollada desde 1997, vendió la propuesta de cambio asociada a una figura caudillista sobrepuesta a una institución partidaria (el Partido Acción Nacional).

Aunado a lo anterior, la actualidad mexicana en el proceso de la globalización, como consecuencia de las acciones emprendidas por los hasta hoy gobernantes, se caracteriza por un proceso de Reforma del Estado significado de la siguiente forma:

Reformas a las instancias de organización, vigilancia y sanción de los procesos electorales, estableciendo el Instituto Federal Electoral, con autonomía plena para su operación; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como última instancia para dirimir conflictos electorales; y la Fiscalía encargada de perseguir delitos electorales.

La asignación de recursos del erario para el financiamiento del funcionamiento de los partidos políticos y de los procesos electorales.

La eliminación de facultades y atribuciones a los poderes ejecutivo y legislativo, para eliminar y sancionar su intervención en los procesos electorales.

Reformular la participación de la ciudadanía, redefiniéndola a partir de la decisión individual libre y voluntaria, eliminando la obligatoriedad impuesta por corporativos.

Mejoramiento tanto en la participación como en la formación política colectiva, a través de reformular el marco normativo para la acción de las instituciones políticas, tanto partidos como agrupaciones y/u organizaciones no gubernamentales.

La construcción de infraestructura jurídica e institucional para la defensa de los derechos humanos a través de la suscripción de pactos internacionales, el reconocimiento de jurisdicción a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y el establecimiento de las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos; abocadas esencialmente contra actos de autoridad.

Redefinición de las relaciones Estado-Iglesia.

La existencia de condiciones económicas con capacidad de absorber eventuales efectos del cambio de gobierno, a través del desarrollo de estrategias para la estabilidad macroeconómica sustentada en mantener bajos niveles de inflación, estabilidad cambiaria y equilibrio en las balanzas fiscal y comercial; así como el establecimiento de mecanismos para fortalecer el ahorro interno y el sistema financiero.

La suscripción de diversos acuerdos comerciales con diferentes países de América, Europa y Asia, significados por el establecimiento de condiciones que comprometen a fortalecer los mecanismos de competencia, sobreponiendo a las condiciones nacionales, las internacionales, para el ejercicio de las relaciones de intercambio comercial.

Reforma educativa basada en modificación de contenidos, establecimiento de incentivos a la profesionalización del personal docente y, descentralización y eficiencia administrativa.

Reformas a la seguridad social, redefiniendo marcos para la previsión social y descentralización y eficiencia en salubridad pública.

Establecimiento de programas asistenciales, subsidiarios, a favor de sectores de la población en niveles de pobreza y marginación.

Establecimiento de programas de becas para la capacitación al trabajo a desempleados y programas emergentes de empleo temporal.

No obstante, hoy el país está inmerso en problemas que se manifiestan en precariedad de la seguridad pública y falta de transparencia en la rendición de cuentas y acceso a información, la concentración inequitativa del ingreso aunada a la reducción del mismo a un número cada vez mayor de trabajadores, cuyos espacios de labor más afectados resultan ser el campo, la construcción y el comercio; así como casi dos terceras partes de la población ocupada carecen de prestaciones laborales.

En el ámbito económico, la forma de solucionar los problemas que más preocupan a los trabajadores: estabilidad laboral, remuneraciones suficientes, desarrollo laboral y previsión social decorosa; están siendo cuestionadas severamente a través de llevar a México a ser instrumento económico, en el objetivo de la acumulación del capital.

Ello se advierte en la medida en que se incrementa la industria maquiladora como forma en que el sistema de competencia podría estar promoviendo el interés de una reducción mayor a los costos laborales, lo que podría estar dando el sentido de lo que se espera en la posible reforma laboral.

Como quiera que sea, la modernización de la legislación en materia laboral que ha tenido sus avances por la vía de los hechos, no se significa hasta donde entendemos, por la revalorización del trabajo en tanto deber social, sino por la noción de instrumento para el objetivo económico de explotación para la acumulación, marcando la tendencia a nivel mundial de reducción del salario.

Con el propósito de realizar las reformas indispensables para lograr un cambio en el actual modelo, y partiendo del análisis de que la construcción de un nuevo sindicalismo no se dará automáticamente con la transición a la democracia, es necesario recoger las reivindicaciones históricas del movimiento sindical en torno al derecho humano y constitucional al trabajo, la reorganización democrática del movimiento obrero sobre la base de grandes sindicatos nacionales por rama industrial, el ejercicio pleno de la libertad y autonomía sindical, la escala móvil de los salarios, las garantías para una contratación colectiva legítima y el fortalecimiento de la justicia laboral, con la convicción de que transformadas en compromisos y hechas las reformas políticas, legislativas e institucionales correspondientes, serán sin duda un factor esencial para la modernización integral del mundo del trabajo, en un esquema de libertad y corresponsabilidad entre los factores de la producción, para beneficio de los trabajadores, el aparato productivo y en general la población mayoritariamente trabajadora del país.

Lo que los trabajadores requerimos es participar con un proyecto propio que haga énfasis en la necesidad de que la reforma sea el producto de la contribución amplia y democrática de los sectores sociales involucrados y forme parte de una transformación profunda de las relaciones que hasta hoy prevalecen entre el Estado y las organizaciones sociales.

El cambio que se ha generado en la vida política nacional puede servir como impulso a modificaciones igualmente importantes en el ámbito social. A la reforma política que propició la concurrencia ciudadana en los comicios recientes debe seguir una reforma social del estado cuya característica consista precisamente en la participación democrática, el establecimiento de consensos, y la constitución de nuevas formas de representación social y política a escala nacional e internacional. El desafío es construir una alternativa viable de Estado que erradique el corporativismo, y otras formas de corrupción y control, por lo que se requiere emprender una intensa y renovadora acción política y social que impulse los consensos y la discusión acerca de la política económica generando así un nuevo pacto social.

Por lo anterior, los trabajadores integrados a las organizaciones sindicales de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (FESEBS)

que el artículo 39 constitucional establece que "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.";

que la expresión del voto de los mexicanos no implica, en modo alguno, acción plebiscitaria; sino, más bien, manifestación de pleno desacuerdo con las políticas desarrolladas, particularmente económicas, por los gobiernos precedentes al que se instaló el pasado 1° de diciembre del 2000; toda vez que se reconoce que por ellas se adolece de graves rezagos sociales;

que el estado de desarrollo de la democracia mexicana carece de los mecanismos suficientes y necesarios para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la incidencia en los actos y decisiones de gobierno, ya que se han caracterizado por actuar al margen de las necesidades de los mexicanos; el voto no es la expresión única de la democracia y la opinión pública no tiene las posibilidades necesarias a efecto de que se emita sin distorsiones, éstas son producidas por los mecanismos que los poderes ejecutivo y legislativo han dispuesto para sí en su relación con todos a los que supuestamente representan;

que el proceso y los resultados de las estrategias que dentro de la globalización hoy se han desarrollado, en diversas partes del mundo ponen en evidencia intenciones de expoliación de la riqueza y rompimiento de la estabilidad de los pueblos, de sus ecosistemas, de su diversidad cultural y de la cohesión social, entre otros; que la oferta de Cambio promulgada por el Presidente Electo, Lic. Vicente Fox Quezada, fue sustentada en una relación con los gobernados, caracterizada por estar al servicio de los ciudadanos, que responda a las exigencias de la sociedad; reconociendo que el gran reto consiste en lograr un desarrollo integral del país, esto es, alcanzar el pleno desarrollo de la sociedad mexicana en todas sus dimensiones: social, económica, educativa, cultural, ecológica, política y ética, y por consiguiente implica el mejoramiento del nivel de vida de todos y cada uno de quienes habitamos esta noble nación. Reconociendo además que la participación de la sociedad es la base de la democracia y constituye un formidable instrumento para el mandato y apoyo de las tareas del gobierno.

Nuevas circunstancias y actores aparecen en el escenario político sindical del país. La democracia electoral y la alternancia que se dio el 2 de julio del 2000 y la evolución de las relaciones entre el capital y el trabajo a la luz de los procesos de modernización industrial y globalización de mercados, son situaciones que de una u otra manera han incidido en los contenidos y prácticas entre los sindicatos y los patrones y la presencia del gobierno en esta relación. La Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios, FESEBS, es una organización que demostró desde su fundación, ser impulsor permanente de una distinta forma de ejercicio sindical. La democracia, el respeto a la autonomía e independencia sindicales y la participación decidida a favor de la propuesta de un nuevo sindicalismo, son características que le han dado personalidad propia a la Federación. El intervencionismo del gobierno, ya fuera en el esquema corporativo, o en la actual transición, es otro factor casi ineludible que debe ser tomando en cuenta para valorar la importancia de la FESEBS, en términos de su soberanía y de la lucha enarbolada por democratizar al sindicalismo mexicano y por mejorar la situación de los trabajadores y la del país.

Por más de una década, la FESEBS se ha convertido en actor fundamental y referente obligado cuando se plantean los grandes problemas nacionales del sindicalismo y sus expectativas de solución. En este sentido no sería exagerado afirmar que gracias a la voluntad democrática de los sindicatos afiliados, puede hablarse ya de una corriente sindical transformadora capaz de concretar la conformación de un sindicalismo libre de las corruptelas, clientelismos, mezquindades, intereses y abusos, a los que tan proclive han sido agrupaciones sindicales corporativas. No obstante, para continuar cumpliendo con éxito esta tarea es indispensable revisar estrategias y programas de acción; para ello es conveniente repasar nuestros antecedentes y analizar el presente para determinar la manera de seguir avanzando.

Al interior de la Federación se evaluó la pertinencia de participar en un esfuerzo incipiente de cambio y modernización en el quehacer sindical mexicano. La participación de sindicatos afiliados a la FESEBS en el primer Foro "El Sindicalismo Frente a la Crisis y Ante la Nación" envió a los trabajadores y a la sociedad, un mensaje alentador en el sentido de que organizaciones progresistas unían esfuerzos para construir la alternativa democrática frente al desgastado sindicalismo corporativo subordinado al gobierno y antidemocrático.

En la compleja relación con el poder público, la FESEBS determinó luchar por todos los medios legales a su alcance en contra de las políticas económicas lesivas a los trabajadores que se fueron implementando desde 1987 a través de los "pactos" o concertaciones entre los sectores productivos, y en donde la fuerza de trabajo y sus salarios quedaban en la peor condición. La Federación pudo lograr en esta etapa de autoritarismo, la posibilidad de negociar los contratos colectivos y las revisiones salariales, fuera de los "topes" o restricciones impuestas por los acuerdos cupulares, de manera tal que los resultados de las negociaciones se dieran en función de la capacidad económica de las empresas y la combatividad de los trabajadores.

La Federación crece en membresía y diversos sindicatos participan en los plenos del Comité Ejecutivo Nacional como organizaciones fraternas. Este incremento en el padrón responde al grado de madurez que la FESEBS ha alcanzado y se traduce en un reconocimiento a su posición combativa y a su visión progresista de la realidad laboral. No ha existido un deseo de crecer por el solo hecho de hacerlo, por el contrario, el incremento de sindicatos obedece a una percepción cualitativa en términos de que la Federación abre sus puertas a sindicatos que comparten el ideario político y democrático plasmado en su Estatuto. La FESEBS deberá seguir creciendo y para ello precisa de una política de afiliación que se vincule a todo un proceso de regionalización, tarea propuesta desde 1996 aún inconclusa y que deberá ser retomada para consolidar el proyecto sindical por la que fue creada.

En la actual coyuntura se presenta la necesidad de reactivar con mayor dinamismo el cumplimiento de tareas de la Federación. El trabajo e impulso que llevó, entre otras acciones, a la fundación de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, es muestra de la capacidad, del compromiso y convicción de todas las organizaciones miembros de FESEBS que creyeron en el proyecto. La realidad de construir un sindicalismo distinto sobre la base de democracia, libertad sindical, autonomía e independencia, se concretó con la participación decidida de la FESEBS al tomar la determinación de abandonar el Congreso del Trabajo, con excepción del SME y el SUTIN, y emprender el camino azaroso de la reconstrucción sindical. Ahora la FESEBS nos reclama continuar con su proyecto que siga impulsando y respaldando la base ideológica, social y sindical de la UNT, los sindicatos federados han asumido por consenso impulsar ambas organizaciones con el ímpetu y el compromiso necesarios. La Federación, su marco jurídico, su fuerza, su prestigio, la reivindicación de sus más sentidas demandas y su peso específico en el mapa político sindical del país, son elementos fundamentales para valorar el esfuerzo que en su favor han realizado los distintos Comités Ejecutivos Nacionales y que hoy, frente a los ajustes del cambio político, exige un planteamiento de trabajo comprometido que por un lado fortalezca el reposicionamiento de FESEBS en el escenario actual, y por otro, concrete acciones sindicales que a su vez se traduzcan en beneficios a la contratación colectiva de las organizaciones miembros.

¿Dónde está el proyecto de nación del actual proyecto de gobierno? ¿Qué es lo que la sociedad mexicana tiene ante sí en el campo político aparte de un nuevo presidente democráticamente elegido que no pertenece al PRI? ¿Qué es lo que significa la derrota electoral del PRI en las elecciones presidenciales? ¿Hasta qué punto está representada la energía social de cambio en las distintas instituciones de nuestra democracia?

En cierta medida, cada una de las fuerzas sociales está obligada a reconocer y usar políticamente a la actual coyuntura con el fin de otorgarle coherencia y razón a todo programa de gobierno futuro.

La coyuntura de este inicio de nuevo gobierno abre muchos espacios en el ámbito político. Estos espacios han sido en gran medida producto de la aparición del movimiento neo-zapatista como aglutinador de expectativas a un nivel que rebasa a la región de Chiapas. En la misma actitud de apertura discursiva en el poder ejecutivo se perciben signos de indefinición, de titubeo y de diferencias polémicas entre sus miembros. Sea esto premeditado o no, la falta de cohesión en una visión ejecutiva de gobierno crea vacíos o espacios que demandan definiciones integrales. ¿Quién las dará?

La llamada "sociedad civil" que para algunos se manifiesta en las Organizaciones No Gubernamentales se mueve y declara, acicateada sobre todo por lo inmediato, por un enfoque predominantemente coyuntural de lo político, pero con la esperanza de participar en la construcción de un mejor futuro.

Pero lo que necesitamos es la expresión de los sentimientos profundos de la Nación. La expresión de todo lo que se ha socavado y reprimido durante muchísimo tiempo, siglos en algunos casos. Esto es así, pues el modelo de democracia parlamentaria que nos caracteriza no llega a expresar más que los discursos de la lucha por el poder en el seno de la clase política o, lo que en ocasiones es lo mismo, la lucha por la hegemonía en el seno de las clases dominantes.

Es el momento para nuestra sociedad de enlazar nuestra Historia con nuestros deseos de Futuro. Es el momento de reflejar todo el cúmulo de esperanzas que se han forjado en el cuerpo social desde el nacimiento de nuestra vida independiente. Todo ese sueño cotidiano que ha forjado la materia del sacrificio de las clases populares desde las primeras luchas por la definición del país y por su autodeterminación, pero también por liberar toda la fuerza creadora que se ha expresado desde siempre en los movimientos sociales que han hecho de México un país inconforme consigo mismo, pero también un país traicionado por la hoguera de las mediocridades de nuestras clases políticas. Apenas ayer el país tuvo que reducir sus expectativas territoriales a causa de una escasa visión de las primeras clases dirigentes mexicanas, rendidas ante el proyecto visionario y expansionista de nuestro principal vecino; ha sido ayer también que esas clases determinaron excluir de sus "sueños modernizadores" a los grupos considerados inferiores por una tradición criolla del poder, que en gran medida perdura hasta nuestros días.

Son esas mismas ambiciones las que han forjado al actual proceso de reconversión económica y financiera. Son esas mismas visiones que excluyen antes de proponer o que proponen, excluyendo en los hechos, las que pretenden continuar con la tendencia económico–productiva que ha demostrado su fracaso social.

La sociedad mexicana ha construido sus propias resistencias ante esa carencia de visión, de ambición integradora, de capacidad innovadora de sus dirigentes. Esas resistencias se expresan en los movimientos sociales que permanentemente dan muestra de sus posibilidades. Creando partidos políticos, organizando grupos socialmente capaces de otorgar nuevas perspectivas políticas, generando liderazgos al margen de los oficialmente sancionados por la clase política establecida.

Muchos de estos movimientos han caído en el desprestigio que da la práctica de la autocomplacencia, del sometimiento a la costumbre del ejercicio del poder o a la mediocridad de las expectativas.

Cabe preguntarse cuán profunda es la descomposición de las relaciones de poder anudadas a la sombra de setenta y un años de poder priísta. Qué tanto esa descomposición es una puerta a la transformación del poder democrático o bien una entrada a las fuerzas más oscuras lideradas por el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Un movimiento sindical, entendido como movimiento social que no parta del resentimiento ni de la sumisión y sometimiento sistemático al poder.

El sindicalismo es y ha sido crisol de luchas y reivindicaciones generosas pero también ha caído en divisionismos y oportunismos que han ofrecido a las clases dominantes el laboratorio para avanzar en sus ansias de ganancia y expansión a costa del sacrificio económico y social de la clase trabajadora.

Se trata de recrear entonces un sindicalismo que reivindique el trabajo crítico, el trabajo de construcción de nuevos espectros de solución a los problemas y dilemas socioeconómicos. Un sindicalismo que base su programa en la abolición del trabajo sometido a las reglas del despojo del derecho al futuro, en el que lo único que se obtiene es la eterna promesa de un presente mejor.

El sindicalismo está llamado a realizar el vínculo entre ámbitos y políticas hoy separados. Las políticas de Estado del desarrollo no pueden estar fragmentándose crecientemente en visiones "sectoriales" que terminan generando problemas indirectos tan o más importantes como los que se supone quieren resolver. La permanente contradicción entre sustentabilidad y crecimiento económico o entre ordenamiento urbano y fomento económico o bien entre regulación laboral y políticas productivas, económicas, educativas y de bienestar social son tan sólo algunos de los temas que exigen de visiones comprometidas con el largo plazo y con la visión integradora de los problemas y sus soluciones. El movimiento sindical debe de responder a esta urgente necesidad.

En este sentido, son muchas las razones por las que los "modelos de nación" ofrecidos a la población de las sociedades occidentales en los últimos cien años están en crisis de desarrollo. Tanto los Estados de Bienestar tan plenamente logrados en Europa Occidental, como Los Populismos Estatalistas de buena parte de las naciones del Tercer Mundo de los años 40 a 70’s, o los modelos autoritarios de desarrollo propios de algunos países latinoamericanos, hasta llegar a los actuales modelos inspirados en prácticas de libre mercado, están en una crisis de legitimidad profunda.

Desde el final de los años noventa se presencia una búsqueda, en algunos casos desesperada, de nuevas vías que permitan a la vez un perfeccionamiento de los postulados de la democracia parlamentaria y una continuación de las premisas del progreso económico-productivo característico del capitalismo.

El clásico dilema del capitalismo: Mercado o Estado, se ha convertido en este fin de siglo, en el de la relación entre Estado, sociedad civil y mercado, imprimiendo a la noción de "sociedad civil" particular importancia; dando lugar a una tríada en donde gobierno, sociedad civil organizada y mercado serían los factores básicos del desarrollo económico: ahora bien, ¿cuál es la relación democráticamente óptima entre Estado y Mercado? En el entendido de que el Estado recrea continuamente a la relación entre Territorio, Población y Constitución es decir, renueva permanentemente la cuestión de la soberanía ciudadana (sociedad civil organizada). Los grupos ligados a la expansión transnacional de la economía mundial así como buena parte de la ideología conservadora de los distintos países le plantean al Estado la necesidad de delegar en los ciudadanos buena parte de las responsabilidades de gestión del bienestar colectivo. Esos discursos intentan inducir la creencia de la necesidad de trasladar la construcción del bienestar colectivo a la esfera del capital privado.

México está inmerso en este torrente de transformaciones mundiales. Sus dilemas son, de hecho, los dilemas de los países capitalistas occidentales intensificados por todos aquellos propios de los países subdesarrollados.

Su "lucha" reciente por incorporarse al espacio desarrollado no ha logrado revertir los principales rasgos propios del subdesarrollo; por el contrario, quizá los ha hecho aún más intensos (pobreza, marginación, dualismos económicos y productivos, injusticia social para las mayorías, siguen siendo parte de nuestros atributos).

Hemos transitado además durante el siglo veinte con la dominación de un partido político durante setenta y un años. Cierto es que ello no ha sido condición de inmovilismo, pues este partido supo adoptar distintas modalidades de arreglo económico-social que nos han hecho transitar desde modelos desarrollistas y populistas hasta nuestra actual etapa neo-liberal.

Con todo, ninguno de estos modelos ha logrado posicionarse como aquel que satisfaga nuestras aspiraciones como Nación, como tampoco ha logrado integrarse socialmente con eficacia como en otras sociedades. Nuestro Estado de Bienestar, por ejemplo, nació como una copia siempre incompleta de aquel que ha florecido en la Europa hoy unificada.

Así, nos encontramos nuevamente ante un momento de definición fundamental. El cambio de siglo deberá corresponder con un cambio de rumbo. Pero un cambio que tiene que plantearse más allá de un cambio de programa de gobierno. Debe responder a una petición social de más democracia real efectiva, más justicia social real efectiva y más bienestar social real.

Sentar las bases de una nación desarrollada plenamente en lo social y en lo económico requiere hoy forzosamente de una ruptura y por lo tanto de innovación en los esquemas de nuestro pensamiento político. No se repetirá tal vez lo suficiente que al no ser ni USA, ni Alemania, ni Francia, ni ninguna otra nación central, no podemos conformarnos con adaptarnos a sus esquemas dominantes, tenemos que innovar en nuestros modos de convocar e integrar democráticamente a los ciudadanos en el proyecto de nación desarrollada que todos podríamos compartir.

Lo que se traduce en aportar una fórmula efectiva y eficaz para desterrar a la pobreza, la marginación y dar entrada a la concreción de un bienestar social moderno, con acceso para las mayorías ciudadanas a los mercados de consumo competitivos propios del próximo siglo. La tarea no es fácil y se vuelve imposible si se piensa en el marco temporal de un período gubernamental.

Por lo tanto, todo proyecto que pretenda contender por el poder político tiene que aclararse su relación con el tiempo social y nacional. Es decir, con los ritmos y la dinámica con los que se manifiesta la sociedad en sus expectativas, esperanzas de mejoramiento pero también con sus rabias e impaciencias. Esta es una premisa que no podrá ser violentada pues el país ya ha experimentado durante más de siglo y medio con esquemas que no han visto más allá de la generación que los promueve o que a lo que más que se ha llegado es a construir un país con una oligarquía con ciertas capacidades de modernización.

La concentración de la riqueza y del ingreso en el país tiene una filiación histórica, lo encontramos en la dinámica de un reducido número de familias que muy probablemente no rebase las 350. Si nos refiriéramos a la propiedad de la infraestructura productiva y financiera veríamos cómo la estructura del capital es preponderantemente familiar, bajo el modo de redes socio-familiares que se reproducen y crecen en función de sus propios patrones demográficos; desarrollo que además, se ha vinculado tan estrechamente en los espacios del poder político y de representación popular, o asociados a éste último como funcionarios públicos, que ya no hay distinción entre unos y otros, entre oligarquía y gobernantes; explicación del por qué los gobiernos favorecen a la oligarquía por sobre el pueblo en general.

Este espacio debe de permitir la entrada (entiéndase, romper con los mecanismos propios del ciclo de exclusión oligárquica, caracterizado por un Estado que la favorece) de nuevos pretendientes, de agentes sociales capaces de generar acumulación en todas las regiones del país, con base en el fortalecimiento al mercado interno y apoyo a cadenas productivas, a través de fortalecer la acción de la pequeña, micro y mediana empresas mexicanas; y, siempre sobre la base de crear y contar con las condiciones que permitan que el desarrollo nacional sea capaz de garantizar que sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Debe desencadenar una nueva organización de las fuerzas productivas, alejada de los mecanismos corporatistas muy ligados a esa estructura oligárquica. Permitiendo que el capital se incremente y se distribuya socialmente. Contrariamente a lo que se suele afirmar en estos tiempos, una de las funciones principales de los gobiernos de las llamadas economías emergentes debe ser el asumir con una visión integral, la responsabilidad de desarrollo de nuevas formas de producción articulada de empresas, "invirtiendo" en infraestructura para el desarrollo de industrias, aplicando una asignación de costos que no se signifique por exenciones a los grandes capitales, ni tratos preferenciales, y menos aún por su socialización como los casos bancario y carretero.

El llamado a la transformación radical (es decir a una transformación que busque la raíz de los factores de cambio) es a la vez una necesidad y deseo compartido por muchos mexicanos, para evitar que esta Nación se convierta en los próximos cincuenta años es decir, el momento de la madurez de los mexicanos que ya nacieron, en un conjunto de ciudades de parias urbanos, hambrientos, despojados de toda posibilidad de forjar esperanza y se les orille a un ciclo fatal de revueltas sociales y de retrocesos crecientes.

Es por ello que este cambio de siglo propicia simbólicamente un cambio ejemplar en la conducción del país. Esa debe ser la apuesta de todos los partidos políticos.

Es necesario empezar a diferenciar la oferta pública a través de una oferta de proyectos, empero, la diferenciación de los proyectos no tan sólo depende de la fuerza de su contenido y de la capacidad de convocatoria ciudadana, sino que más que nunca dependerá de un liderazgo de cuño diferente a los que hasta hoy el electorado ha conocido. Tal vez ese liderazgo resida precisamente en su capacidad de hacer realidad lo que todos ya intuyen pero que nadie logra concretar: El Acuerdo Social para la transición democrática y el desarrollo nacional.

Sin pretender una réplica absurda, es importante entender que por momentos nuestra crisis puede aparentarse a la transición democrática española; pero también corre el riesgo de aparentarse a la transición de la ex URSS. ¿Cómo hacer que nuestra vía impida una especie de caos ruso y pueda acercarse a una suerte de pacto democrático con un liderazgo fuerte?

Tener claro un espectro de escenarios posibles y elegir un escenario de transición y consolidación de la democracia desde el poder es crucial para el país. Es imprescindible saber que muchos son los desenlaces posibles a nuestro actual momento político, económico y social. Es también axial dotar de pesos y probabilidades específicas a cada uno de los escenarios imaginados.

Entre los analistas del gobierno moderno, se ha convertido en un lugar común evaluar los primeros cien días de una administración gubernamental para hacer ejercicios de prospectiva sobre sus tendencias y políticas. En una buena parte de los casos, esta aproximación resulta útil y valiosa, los cien primeros días de gobierno constituyen una medida de proyección de cuando menos los primeros años de una gestión gubernamental, de lo que ésta espera de sí misma y de cómo se concibe a sí misma.

Si hubiera que tomar como referencia esta medida, habría que decir que a cien días de su inicio, la administración Fox ha dado hasta el momento muestras claras de proyectarse como una alternancia sin transición, es decir, como un relevo de algunos grupos políticos tradicionales en la conducción del gobierno, por grupos diferentes medianamente configurados o en proceso de consolidación, pero sin una propuesta histórica de transición a la democracia y de reforma del Estado.

A pesar de que la actual administración ha dado algunos giros significativos (la iniciativa para una nueva Constitución, la convocatoria para el diálogo en Chiapas, la creación de entidades administrativas y políticas novedosas), conceptualmente dichos cambios son, en efecto, más propios del fenómeno de alternancia del poder que del de transición a la democracia. En política, los gobiernos alternantes son aquellos que tratan de deslindarse visiblemente de sus predecesores (en especial del partido en el poder al que sustituyen) y de crear su propio estilo, instrumentos y actores de gobierno, sin rupturas substanciales, mientras que los gobiernos de transición poseen rasgos y virtudes más complejos, siendo uno de los más importantes el de crear las estructuras de la propia transición como un proceso de largo alcance, mediante rupturas sustantivas respecto del orden político, económico y social al que se busca transformar. La alternancia puede ser inespecífica. La transición tiene un objetivo necesario: remontar al viejo orden en lo económico, lo político y lo social.

La alternancia sin transición es un fenómeno que puede volverse sumamente complejo y de consecuencias imponderables en el mediano y largo plazos, pues supone un proceso de cambios de bajo perfil incapaz de llenar los vacíos, las incertidumbres y nuevos escenarios generados por la propia alternancia, por el desplazamiento de grupos políticos tradicionales, pero sobre todo, incapaz de configurar los escenarios del cambio histórico, estructural e institucional.

Transiciones como la Tercera Vía (Reino Unido) o el Nuevo Centro (Alemania), muestran cómo los procesos con mayores posibilidades de resultar exitosos son aquellos en los que el gobierno se convierte en actor y en promotor decidido de los cambios. Aún cuando éstas no son en estricto sentido transiciones a la democracia, sí lo son en términos de régimen, esto es, se trata de transiciones complejas en las que se pasa de una forma de capitalismo sumamente asimétrica a otra más social y equilibrada. Los cambios y el nivel de la política alcanzados al optar por una verdadera transición, más que por una simple alternancia, pueden ser remarcables en el mediano y largo plazos.

Sin embargo, cuando las transiciones no son impulsadas por el gobierno, la mejor opción por construir es la transición desde la sociedad, empujada mediante grandes acuerdos de cambio en los que organizaciones y movimientos sociales diversos, ciudadanos e incluso partidos políticos, confluyen en torno de objetivos específicos de cambio. Esta opción no excluye el diálogo con el gobierno, pero significa ante todo que los actores sociales deben ir siempre más allá de los límites de alternancia y fortalecer su autonomía.

La transición desde la sociedad supone, desde luego, un proceso de movilización y de participación muy activas de las organizaciones sociales para conseguir los objetivos concretos de la transición.

La FESEBS necesita fortalecer su autonomía y su identidad. La impresión general en cuanto al sindicalismo y la alternancia, es que el gobierno de Fox ha establecido y está estableciendo micro-pactos con las diferentes organizaciones e incluso facciones del sindicalismo, pero de manera específica, aislada y sobre asuntos gremiales y políticos. Ha mostrado su interés en mantener una paz laboral a toda costa que, una vez más, atraiga a la inversión extranjera. Al ser uno de sus objetivos principales la imagen de un país laboralmente estable y sin conflictos, puede invertir, cooptar, presionar a los sindicatos y construir sus propias alternativas de liderazgo sindical, promocionando a ciertos dirigentes u organizaciones como "modelos" a seguir. De esta forma, los cambios en materia laboral serían puramente superficiales.

El gobierno no dudaría en contraponer otras alternativas de sociedad civil o de movimientos sociales al sindicalismo para neutralizar su fuerza. De hecho, buscaría generar sus propias bases sociales de legitimidad en la sociedad emergente (su apoyo a las ONGs, por ejemplo, o su promoción al movimiento indigenista), en una suerte de populismo moderno, para no utilizar al sindicalismo, del que no depende.

Para valorar la posibilidad de que la FESEBS hable de una alternancia desde la sociedad, consideró algunas condiciones aparentemente novedosas que apuntaban hacia el 1º de mayo:

i.- El posible interés del gobierno por nuclear la "lucha popular" en el movimiento zapatista y la capacidad del propio movimiento zapatista por acrecentar su presencia y su posible liderazgo social populista-popular; que no ocurrió;

ii.- La reanudación de la participación del Congreso del Trabajo en la parada obrera, ya como organización de oposición pero distinguida por el gobierno; que tampoco ocurrió; y

iii.- El pronunciamiento "pacificador", "unificador" y "reconciliador", que el Presidente manifestó a las organizaciones sindicales. Hubo una advertencia durante el aniversario del Congreso del Trabajo, con el exhorto a la unidad de los sindicatos, a eliminar pugnas y a mantener la paz laboral. Es preciso evitar que el sindicalismo quede atrapado en la propuesta presidencial y en sus amonestaciones. Para el gobierno, lo más conveniente en términos de su afán de paz laboral es precisamente este territorio de la "unidad", de eliminar viejas pugnas, de dejar de lado la confrontación obrero-patronal e intersindical y de entrar en una reconciliación paternalista mediada por el gobierno, al estilo neo-corporativo, es también por ello que deben revisarse con cuidado tanto la cuestión del Consejo para el Dialogo de los Sectores Productivos como la Mesa de Trabajo para la Modernización y Actualización de la Legislación Laboral.

La demostración del 1º de mayo hace evidente que la paz laboral es un proceso que se construye en la conquista basada en el diálogo y en el consenso, y que en el mediano plazo y en el plazo sexenal dicha paz y sus bondades (productividad y competitividad, mejores salarios y condiciones de vida) no están garantizadas, que el gobierno debe respetar pero sobre todo reconocer las diferencias dentro del sindicalismo como realidades de un movimiento social e histórico plural y diverso, como expresiones de proyectos diferentes e incluso alternativos con los que debe dialogar sin pretensiones de "pastoreo" o, nuevamente, de control.

Comprometiendo nuestras capacidades de dialogo, creatividad, difusión, organización, convocatoria, movilización y de participación;

Que el gobierno en efecto sirva a los mexicanos, a través de promover las acciones necesarias a efecto de que las condiciones de las relaciones entre gobierno y gobernados se caractericen por:

Fortalecer los mecanismos de consulta, estableciendo como una urgente y esencial reforma en esta LVIII Legislatura, al referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato y la iniciativa popular; así como el marco reglamentario, institucional y procedimental que doten a la ciudadanía de la autonomía plena para el ejercicio efectivo de estos mecanismos, tanto en las iniciativas de reformas constitucionales y a las normas legales o reglamentarias, como en los asuntos que la misma ciudadanía juzgue pertinente (como la formulación de las políticas públicas).

Para el logro de la eficiencia en el desempeño de la función y de la gestión pública, así como para garantizar la transparencia y honestidad, eliminar el fuero y fortalecer los mecanismos que permitan a todos los mexicanos el pleno acceso a toda información útil y necesaria para la clara y oportuna rendición de cuentas, así como para realizar la vigilancia y promover la sanción que garanticen el exacto cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que los representantes populares y funcionarios públicos de los poderes del Estado, adquieren en el ejercicio de sus encargos.

Fortalecer al poder judicial a efecto de otorgarle los márgenes jurídicos, políticos, éticos y morales, que permitan el ejercicio de la aplicación de justicia con base en la plena autonomía respecto a los demás poderes, la probada capacidad profesional y técnica para vigilancia del cumplimiento del Estado de Derecho, estableciendo las condiciones necesarias para garantizar la atención de conflictos en condiciones tales que impere la igualdad de todas las personas ante la ley, nadie es culpable en tanto no se pruebe lo contrario, sólo el que acusa tendrá obligación de prueba de efectividad inobjetable, reajuste de las penas conforme a mayor gravedad (afectación al interés general y monto del daño causado); asimismo, se eliminen aquellas previsiones que obstaculicen el adecuado ejercicio de sus funciones al poder judicial, que sean atribuciones de los demás poderes; y, para la selección de los magistrados, además de lo ya señalado, se creen las condiciones para hacerlo a través del voto universal, secreto y directo.

Nos comprometemos a participar en las acciones que convengamos con nuestras respectivas contrapartes, orientadas a enriquecer nuestros conocimientos habilidades y destrezas de modo que nos permitan elevar nuestra efectividad y, en consecuencia, nuestra productividad y competitividad; sin embargo debe establecerse un piso firme a la competitividad a través de garantizar plenamente mínimos de bienestar que a todo mexicano le permita un nivel de vida digno, alimentación suficiente, atención oportuna y de calidad al cuidado de la salud física y mental, educación integral laica, crítica y científica; recreación, habitación decorosa e higiénica y desarrollo cultural. En materia de organización ciudadana para estos efectos, eliminar mecanismos que imposibilitan el adecuado ejercicio al derecho de reunión y de atención a la petición.

La globalización es un fenómeno que ha acompañado al hombre desde que comenzó su historia; por lo que en los diferentes momentos se ha significado en forma diversa: expansión de los imperios, el descubrimiento de América, las manifestaciones religiosas, los modos de producción, etc; pero hoy, su significado se describe por un acelerado proceso de cambio tecnológico y organizacional cuyo control reside en pocas manos, y que está promoviendo transformaciones trascendentales en los sistemas de producción y acumulación de la ganancia.

Sin embargo, los efectos que está produciendo son el desplazamiento de la fuerza de trabajo sin alternativa ocupacional o de vida.

Este cambio tecnológico ha sido controlado de modo tal, que ha impuesto cotas en diversas naciones para crear su propio desarrollo tecnológico a través de acciones como la expansión de la maquila, caracterizada por unidades productivas de bajo costo relativo tanto de instalación como de desmontaje, que requiere de trabajadores de baja o nula calificación, para la realización de tareas simples en condiciones de plena flexibilidad a las exigencias de la producción objeto.

Otro aspecto que caracteriza al actual proceso de globalización, es el flujo de inversiones, el cual dispone de diversos instrumentos como lo es el Acuerdo Multilateral de Inversiones, cuyas características no gozan de popularidad, toda vez que impelan a la plena libertad de tránsito y acción, sin considerar las necesidades de las diversas regiones en donde ejercen su influencia.

No obstante, la OCDE, el FMI y el BM, entre otros, en diversos foros no han logrado evadir la exigencia no atendida de construir un marco homogéneo tal que el flujo de inversiones, además de buscar los espacios de máxima ganancia, actúen en beneficio de la construcción y reproducción social. Hecho que ha sido rebatido ampliamente pero soslayado ante el falso argumento sustentado en que la acción económica produce la atención de esa construcción y reproducción.

Habría que recordar también que las estrategias de inversión plantean como elemento central, la adquisición de recursos financieros de la misma región en la que actúa, expoliando la rentabilidad del ahorro interno.

La democratización de los instrumentos de la economía es un proceso que debemos determinar todos; debido fundamentalmente a que el reconocimiento de las incapacidades del mercado, entre ellas su condición de "libre", sólo se adquiere a través de un proceso histórico a través del cual todos los que intervengan tengan las mismas condiciones de actuar en él. Lo cierto es que en México, en muchos de los casos ni los mismos mexicanos disponen de lo necesario para decir que existe la posibilidad de actuar en las mismas condiciones, por lo que la apertura indiscriminada, sobre todo de las áreas estratégicas, significarán la dependencia del desarrollo económico nacional, a la visión de los intereses particulares (una cuidadosa revisión a las causas de la crisis asiática, es ampliamente demostrativo de lo aquí señalado).

El Estado no puede ser selectivo ni temporal en su intervención en el funcionamiento de las áreas consideradas estratégicas (consideradas estratégicas más allá de lo que el artículo 28 constitucional señala, debido a la importancia relativa de su participación en los procesos productivos), para que, com ya se ha señalado, el Estado ejerza la rectoría en el desarrollo nacional, garantizando que sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos; requiere intervenir en todo momento, no sólo como regulador o propietario de los activos sino con la capacidad plena de decisión y acción a favor del interés general de los mexicanos por sobre el interés de los particulares.

Retomar iniciativa, crítica, propuesta y liderazgo es fundamental para la FESEBS, pero es también fundamental para recuperar a la transición como una de las grandes expectativas del proceso electoral del 2 de julio de 2000 y como una de las promesas de la alternancia. La FESEBS convocaría a recuperar el debate sobre la transición, sobre el nuevo régimen, como el ejercicio y el deber fundamental de todas las organizaciones sociales, de los partidos, de los ciudadanos. Pasar de la alternancia a la transición. Pensar que el México incluyente que reclaman por igual zapatistas y gobierno no sólo es pensar en los ancestralmente excluidos, sino en los nuevos excluidos porque las viejas estructuras e instituciones, el viejo sistema presidencialista, autoritario, oligárquico, tampoco los representan más, y esto incluye a los trabajadores, a las clases medias, a los jóvenes, a grandes mayorías y a nuevas minorías. Los nuevos excluidos también pueden movilizarse, convocar, protestar, y quieren hacerlo por la vía pacífica, institucional, de las leyes y del cambio ordenado y pactado en torno de un proyecto de transición.

Este debiera ser el lenguaje de la FESEBS. La FESEBS convocaría a que los temas de la transición fueran, en principio: el cambio institucional, la gobernabilidad democrática, el interés nacional y, de manera específica, la transición laboral. Convocaría a sindicatos, empresarios, partidos políticos, legisladores, ONGs y organizaciones regionales, a la Iglesia, a los intelectuales y académicos de instituciones públicas y privadas.

1.- Alianzas

A las alianzas que podrían ser consideradas como "naturales" de los sindicatos para conseguir un fortalecimiento de la correlación de fuerzas en su favor, habría que agregar las alianzas excepcionales y necesarias que reclama el impulso de un proceso de transición a la democracia por parte del sindicalismo. Esto exige mirar más allá e ir más allá de los límites hasta ahora impuestos por el corporativismo. Como parte de su reposicionamiento, la FESEBS necesita emprender una estrategia intensiva, innovadora y sólida de alianzas conforme a las tres categorías aquí enunciadas.

En tiempos de transición a la democracia, las alianzas deben ser coalicionantes, aglutinantes y orgánicas. Esto significa que:

a).- Deben de crear coaliciones o la posibilidad de coaliciones, esto es, la concurrencia de fuerzas o figuras de la más diversa índole actuando juntas de manera indeterminada en torno de objetivos concretos, pero con compromisos establecidos. Los grupos y movimientos de derechos civiles y más recientemente, los movimientos ecologistas, suelen ser considerados como ejemplos por antonomasia de coalicionamiento social.

b).- Las alianzas deben ser aglutinantes, porque no pueden cerrarse a la posibilidad de establecer vínculos con fuerzas disímbolas, aún cuando no existan y eventualmente no puedan existir compromisos concretos de las partes en el corto plazo. Esto implica casi siempre traspasar prejuicios y antagonismos de décadas, para conocer, reconocer y explorar los puntos de vista de los contrarios o simplemente de "los otros", de los que son diferentes. Vale la pena subrayar que los estudios sobre "democracia y diferencia" constituyen una vertiente en ascenso en el ámbito de la ciencia política y de la sociología. Para algunos, lo aglutinante constituye una de las virtudes esenciales de las alianzas en la transición, pues supera las concepciones excesivamente utilitaristas o inmediatistas de la política, de la simple "toma del poder" en favor de la reconstrucción del poder y de la construcción de opciones y escenarios para el largo plazo. Las alianzas aglutinantes pueden ser vistas como un cabildeo social.

c).- Las alianzas requieren ser orgánicas, porque en ambos casos su propósito debe orientarse a la construcción de nuevas formas de organización y de organicidad social, para crear "lo nuevo", la substancia misma de la transición.

Las alianzas dentro de y hacia la transición a la democracia tienen como objetivo que los actores rompan con los esquemas tradicionales impuestos por el viejo régimen, en este caso, por el régimen corporativo y autoritario. Este es, en sí mismo, un factor de la transición. Una sociedad más autónoma, actuando por sí sola, capaz de crear controles y rendición de cuentas por parte de los gobernantes y del poder público, una sociedad generadora de una nueva cultura política de participación y de corresponsabilidad debe ser, en el mediano y largo plazos, uno de los propósitos de la transición mexicana.

Es indiscutible que el sistema corporativo creó redes poco permeables de alianzas sociales; éstas eran rígidas, excluyentes, ideologizadas, incluso dogmatizadas. Las alianzas del corporativismo encajan perfectamente en el esquema de políticas que Theodore Lowi denominó como "distributivo", esto es, un esquema dirigido a parcializar y a aislar los intereses, las organizaciones e incluso los conflictos sociales. Los grupos sociales escasamente llegan a construir verdaderos movimientos, compiten entre sí por recursos siempre escasos, gremializan sus actitudes, su universo se reduce a mirar los árboles, no al bosque. El control sobre la sociedad se facilita enormemente, pues la gestión política desintegra, divide, desarticula, interviene y genera opciones "desde arriba", no desde la propia sociedad. Las alianzas son casi membretarias y protocolarias.

Es por ello que se ha afirmado que romper con los viejos esquemas de alianzas es un objetivo en sí mismo de la transición y para la transición.

Con base en esta breve caracterización de las alianzas en y para la transición a la democracia, pareciera un poco más claro imaginar una política de alianzas novedosas para la Federación.

En primer término, habría que desarrollar una clara política de alianzas sindicales coalicionantes y aglutinantes. No todas van a ser coalicionantes, por efectos del viejo sistema resulta obvio que, aunque parezca inconcebible, existen "sindicatos" u "organizaciones sindicales" con los que no pueden establecerse sino alianzas aglutinantes, de acercamiento, de reconocimiento, de espera, sin posibilidad de concurrencia coalicionante alguna.

El campo donde existen mayores posibilidades de innovación y de crecimiento es el de las alianzas aglutinantes. Las nuevas izquierdas y sobre todo la derecha son campos abiertos de exploración. Hay fuerzas como las Iglesias, en especial la Iglesia Católica -y sobre todo ciertas corrientes de la Iglesia Católica- a las que el sindicalismo debe acercarse, bajo la perspectiva y los beneficios de las alianzas aglutinadoras.

Históricamente la Iglesia Católica ha tenido una presencia constante dentro del movimiento sindical en el mundo, aunque en México ésta se ha desdibujado en las últimas décadas. Directamente desde el Vaticano, la Iglesia tiene posiciones claras hacia los trabajadores, la última ha sido la Encíclica sobre el Trabajo Humano del actual Papa. Habría que proponer y eventualmente establecer un diálogo con la Iglesia a fin de definir una agenda común, aglutinante y potencialmente colaicionante. Lo importante es analizar y discutir la situación de los trabajadores.

Sobre temas de interés general, y con miras a ampliar la discusión sobre el "interés nacional", la FESEBS no debe cerrarse a la posibilidad de alianzas aglutinantes con organizaciones de "derecha".

La posibilidad de alianzas coalicionantes se presenta más con el sindicalismo, con grupos y corrientes legislativas y de los partidos políticos. Dentro del PRI, del PRD y del PAN están surgiendo "corrientes renovadoras o modernizadoras" con las que pueden establecerse contactos, para exponer el reclamo de una nueva relación con los sindicatos y para conseguir que los temas laborales se conviertan en puntos prioritarios y de definición en todas las agendas y de todos los proyectos, sean de izquierda o de derecha. No se trata de imponer los puntos de vista de la FESEBS ni de absorber los de los aliados, sino de sacar a flote los temas laborales y de divulgar lo que la FESEBS representa.

Por lo que toca al sindicalismo, habría que revisar lo que está ocurriendo en el Congreso del Trabajo y en los niveles regionales y estatales con las confederaciones y con algunas federaciones. La FESEBS podría diseñar un primer calendario de entrevistas con algunos dirigentes del Congreso del Trabajo y en los estados, y explorar la posibilidad de alianzas coalicionantes en torno de un PROYECTO DE REFORMA LABORAL Y PRODUCTIVA.

La estrategia de alianzas antes planteada supone procesos de diálogo con diversas fuerzas y actores, un auténtico desdoblamiento de la FESEBS hacia la sociedad, una tarea de mutuo reconocimiento.

Un propósito del diálogo continuo es el de construir y de convertir a los dialogantes en interlocutores, esto es, en actores reconocidos, representativos y legítimos para la discusión de temas específicos. La FESEBS debe convertirse en interlocutora no sólo de las cuestiones laborales, sino de la reforma social y democrática del Estado.

Es en este sentido, que la figura de interlocución debe de procurarse básicamente en tres niveles: el del Ejecutivo y específicamente del Presidente de la República, el del Legislativo y el de los poderes ejecutivos y legislativos estatales.

Se propone un programa de acercamientos y entrevistas con el legislativo federal y con gobernadores y congresos estatales.

En lo internacional se requiere una verdadera política de innovación y de creación. Para la FESEBS no está a discusión si el internacionalismo sindical es posible, lo que está a discusión es cómo renovarlo y fortalecerlo.

Las alianzas internacionales son un recurso de poder valioso que, debidamente cultivado, aporta enormes beneficios de corto, mediano y largo plazo para las organizaciones involucradas. La FESEBS necesita revalorizar, en primer término, su afiliación al TUAC, la cual no ha utilizado ni trabajado como debiera. Pareciera ser que la cuestión del TUAC se ha convertido en un incómodo asunto de cuotas y de reuniones a las que no se asiste ni se da seguimiento, por lo que es prioritario retomar una participación constante y consistente en este organismo.

La FESEBS requiere también delimitar su propia identidad internacional, pues con frecuencia se le confunde con la UNT. Si bien es cierto que existen grandes semejanzas y coincidencias, lo cierto es que la FESEBS, en conjunto, representa un sindicalismo más evolucionado que el de la UNT (por no decir avanzado), sobre todo en términos PRODUCTIVOS Y DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA. La FESEBS representa un sindicalismo más competitivo en términos internacionales, más consistente y constituye, en términos reales, la avanzada del sindicalismo en México.

Toda vez que la FESEBS está afiliada al TUAC y que pensar en más afiliaciones a organizaciones internacionales podría resultar confuso, desgastante e incluso costoso, se sugiere que la estrategia de política internacional de la FESEBS sea la de alianzas o de acuerdos con sindicatos específicos, con sus homólogos en Estados Unidos, Canadá y otros países. Los acuerdos de sindicato a sindicato serían de colaboración y ayuda mutua, prácticos, destacando los aspectos laborales y productivos, los temas de libre comercio, de derechos sindicales y laborales (en particular la libertad de asociación sindical), y, de manera privilegiada, la contratación colectiva.

Se sugiere planear, en el mediano plazo, una reunión internacional de los sindicatos con los que existan alianzas y, cuando sea posible, la participación de un representante de la FESEBS en los encuentros o conferencias en los que participe otro sindicato federado.

Como medida para fortalecer y sustentar los argumentos de defensa de los intereses de los trabajadores y el desarrollo de las acciones, la FESEBS:

a).- Elaborará y desarrollará una Programa de estudios sindicales que abarquen, de manera comparativa con otros sindicatos mexicanos y de otros países, el estado actual de desarrollo del capitalismo transnacional y su influencia en las políticas nacionales, particularmente de las políticas laborales y sindicales.

b).- Evaluará la orientación ideológica y del contenido de clase del movimiento sindical independiente.

c).- Practicará programas de intercambios y reuniones de estudio con organizaciones sindicales de otros países. Eventualmente, participación en eventos de lucha y resistencia a políticas internacionales de explotación y de subordinación supranacionales.

d).- Establecerá, según se acuerde, Grupos de Trabajo para evaluar, analizar, estudiar y proponer sobre diversos asuntos de interés de la Federación, como: organización del movimiento obrero, en particular hacia los grupos de trabajadores desprotegidos y/o sujetos a contratismo de protección; programas de actividades económicas, sociales y culturales; esquemas de jubilación, pensiones y en general sobre previsión social; etcétera.

Para que el desarrollo sea integral, consideramos que cada aspecto en particular de los que intervienen, debe sustentarse además en:

1. La investigación científica y el desarrollo tecnológico.
2. El Marco Jurídico Laboral Mexicano.
3. La organización sindical y desarrollo de los asuntos colectivos.
4. Las Telecomunicaciones.
5. El sector energético.
6. La manufactura.
7. El transporte y vías de comunicación.
8. La agricultura y ganadería.
9. Los servicios financieros.
10. Los servicios públicos.
11. El comercio.
12. La micro, pequeña y mediana empresa.